En nombre del “destino manifiesto”
Maurice Lemoine*
LE MONDE diplomatique edición española 2004
 
El 22 de febrero de 1927, día del aniversario del nacimiento de George Washington, el embajador de Estados Unidos en París, Myron Herrick, reunió en un banquete a los representantes diplomáticos de los Estados de América Latina miembros de la Unión Panamericana. “Estados Unidos no está ávido de tierras”, señala especialmente en su speech. “No tiene el deseo ni la necesidad de nuevos territorios. Como la gente sensata sabe, Estados Unidos desechó constante y deliberadamente, durante los últimos cuarenta años, las frecuentes y fáciles oportunidades de extender su dominio. Quienes nos acusan de designios imperialistas ignoran los hechos o no son sinceros (1)”. Con la memoria sin duda reblandecida por los vinos y el lujo de la Ciudad Luz, olvidó manifiestamente a México desmembrado, Cuba encadenada, Haití y República Dominicana bajo control, Panamá arrancado a Colombia, la invasión a Nicaragua, las Filipinas anexionadas...
En 1823, en su mensaje al Congreso, el presidente de Estados Unidos James Monroe lanza la doctrina que llevaría su nombre. Mientras los Imperios de la península Ibérica se derrumbaban, despertando ciertos apetitos británicos, Monroe rechaza toda intervención europea en los asuntos de las Américas. Todos podrían beneficiarse de ello si, bajo la apariencia de luchar contra el colonialismo exterior, Estados Unidos no orientase desde entonces su política exterior hacia la constitución de un bloque continental en el cual pretendiera instaurar su dominación.
Sin preocuparse demasiado por la credibilidad de sus justificaciones, Estados Unidos intervino militarmente en 1824 en Puerto Rico, en 1845 y 1847 en México, en 1857 en Nicaragua, en 1860 en la provincia de Panamá y nuevamente en Nicaragua. A tal punto que, en 1847, los gobiernos de Chile, Bolivia, Ecuador, Nueva Granada (Colombia) y Perú se reúnieron en Lima para analizar las cuestiones planteadas por dicho intervencionismo. Al año siguiente, en 1848, la guerra contra México justifica su inquietud: desde Texas hasta California, Estados Unidos anexiona la mitad del territorio de su vecino.
Una vez terminada la Guerra de Secesión, Estados Unidos toma conciencia de su enorme potencia. A partir de 1880, habiendo finalizado también la conquista del Oeste, se orienta decididamente hacia el Sur. Durante la presidencia del general Ulysses Grant (1869-1877), la teoría del destino manifiesto expone sin maquillaje el proyecto de Estados Unidos: controlar la totalidad del continente. Sin duda, aún reivindica la mística de “la defensa de la democracia”. Pero es a través de la política del big stick (palo grande) y del envío de marines como la pone en práctica. A las intervenciones militares puntuales suceden las invasiones y el establecimiento de protectorados.
Todavía bajo dominación española, mientras las otras colonias de América habían logrado su independencia, Cuba se subleva. Desde 1895, José Martí libra una segunda guerra de independencia. El 15 de febrero de 1898, y en circunstancias misteriosas, el acorazado estadounidense US Maine explota en el puerto de La Habana. Utilizando este incidente como pretexto, el presidente William McKinley desencadena el conflicto contra España. Tras vencer sin dificultades a las tropas ibéricas luego de una “espléndida pequeña guerra”, como la llamó Theodore Roosevelt, las fuerzas armadas estadounidenses se apoderaron de Puerto Rico (2). Mediante el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, España renuncia también a Cuba y a las Filipinas (ver recuadro).
Bajo la presión de la ocupación militar, Cuba “liberada” debe incorporar un apéndice a su Constitución, la enmienda Platt, aprobada por el Senado estadounidense en 1901. En virtud de dicha enmienda, La Habana debe aceptar el derecho de intervención de Estados Unidos para “preservar la independencia cubana” (sic), y mantener un gobierno que proteja “la vida, la propiedad y las libertades individuales”. “Con el fin de cumplir con las condiciones requeridas por Estados Unidos para mantener la independencia de Cuba y proteger a su pueblo, así como para su propia defensa -señala asimismo el documento- el gobierno de Cuba venderá o alquilará a Estados Unidos el territorio necesario para el establecimiento de depósitos de carbón o de estaciones navales en algunos puntos determinados (...)”. Así nace la base de Guantánamo (3).
La isla perdió su independencia aun antes de haberla obtenido. Injiriendo en su política interior, sus instituciones, su sistema electoral, su régimen impositivo, Estados Unidos intervino militarmente en Cuba en 1906, 1912 y 1917. Protectorado estadounidense hasta 1934, será dominada luego por gobiernos sin poder real.
“ La persistencia en conducirse mal o la incapacidad que lleva a un debilitamiento general de los lazos propios de una sociedad civilizada pueden finalmente tornar necesaria, tanto en América como en otro lugar, la intervención de cualquier nación civilizada. En el hemisferio occidental, la adhesión de Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligarlo, en casos flagrantes donde se encuentre frente a determinada mala conducta o a determinada incapacidad, a ejercer, aunque se resistiera a hacerlo, un poder internacional de policía”. Elegido presidente, Theodore Roosevelt lanzó, en 1903, esta advertencia, “corolario de la doctrina Monroe”.
Para obligar a los Estados latinoamericanos a respetar sus “obligaciones internacionales” y “la justicia para con los extranjeros” (léanse los créditos de las crecientes multinacionales), para “aportar el progreso” y la “democracia” a los “pueblos atrasados”, los marines desembarcan en México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador. Menos hipócrita, el presidente William Taft declara en 1912: “El hemisferio todo nos pertenecerá, como de hecho, ya nos pertenece moralmente, en virtud de la superioridad de nuestra raza”.
Sin apariencia de conquista territorial ni de guerra declarada, el estatuto de una república latinoamericana independiente resulta inferior al de un simple Estado estadounidense, donde el gobierno federal de Washington sólo interviene en casos muy limitados y con la autorización del Congreso federal (4). La defensa de la soberanía nacional se convierte allí en una rebelión contra la potencia que se arrogó el protectorado de estas repúblicas, y es aplastado con sangre en beneficio de intereses influyentes, más que de civilización.
Desde la primera concesión obtenida en Costa Rica en 1878, la United Fruit Company (UFCo) construyó un imperio bananero en la costa atlántica de América Central (así como de Colombia y Venezuela). Sus millones de hectáreas y sus propiedades forman verdaderos reinos independientes. Se trata de defender sus intereses. Bajo la tutela inspirada en lo que denomina su “goodwill” (buena voluntad), el Tío Sam -sombrero enorme, chaleco de estrellas y pantalón con trabillas a rayas como la bandera- interviene diplomática y militarmente, con autoridad propia, sin ningún control, en los asuntos internos de estas repúblicas.
Se trata, sin duda, de naciones turbulentas, que viven a menudo en un estado de anarquía crónica y de desorden financiero. Pero, algunos precedentes -el etnocidio de los “Pieles Rojas” y la Guerra de Secesión- no justifican que el gran vecino del Norte asuma una posición aleccionadora. Sólo pretende en esta región, además de la defensa de sus intereses económicos, asegurarse la posesión de un futuro canal que una el Atlántico con el Pacífico.
Tras haber esperado demasiado el consentimiento de Colombia a las condiciones impuestas para la cesión “por cien años” de esta futura vía de agua en la provincia de Panamá, Estados Unidos favorece su secesión, en 1903. A cambio de 10 millones de dólares, el tratado Hay-Brunau-Varilla del 18 de noviembre le concede el uso a perpetuidad del canal y de una zona de ocho kilómetros en cada una de sus orillas, así como la total soberanía sobre este conjunto. Un tratado de alianza celebrado en 1926 agrava las servidumbres. Su artículo 6 confiere derechos especiales a Washington en tiempos de guerra, que convierten virtualmente a Panamá, desde el punto de vista militar, en un nuevo Estado de la Unión.
Sin embargo, es en Nicaragua donde la “diplomacia del dólar” ejerce su influencia de manera más imperial. Se trata aquí también de asegurarse la posesión del futuro canal interoceánico cuyo emplazamiento definitivo aún no está determinado. Después de un primer desembarco en 1853 para “proteger la vida y los intereses de los ciudadanos estadounidenses”, los infantes de marina aparecen nuevamente en 1912 para vencer la resistencia de los liberales, que se niegan a contraer con Estados Unidos un préstamo que trae aparejado el establecimiento del control financiero estadounidense en Nicaragua. Instalado en el poder, el presidente Adolfo Díaz contrae el famoso préstamo otorgando los ingresos aduaneros como garantía y aceptando un supervisor general estadounidense de aduanas, designado por los banqueros de Nueva York con la aprobación del Departamento de Estado. De aquí data la instalación en Managua de una guarnición estadounidense que se mantuvo durante trece años, de 1912 a 1925. Mientras tanto, en 1914, el tratado Bryan-Chamorro confirió a Estados Unidos derechos exclusivos respecto a la construcción del eterno canal.
Los marines entran nuevamente en escena en 1927, después de que el conservador Emiliano Chamorro, su protegido, recuperara el poder por la fuerza. Será necesaria la larga lucha desigual de los “outlaws” del “pequeño ejército loco” de Augusto César Sandino para hacer que se vayan en 1932. Durante este período, Estados Unidos creó una Guardia Nacional cuyo jefe director será un marine hasta 1932, antes de pasarle la posta al general Anastasio “Tacho” Somoza.
En Honduras, Estados Unidos interviene en 1903, 1905, 1919 y 1924 para “restablecer el orden” (sobre todo, el de la United Fruit y de las compañías que explotan los territorios, las minas y los bosques). En 1915, la gran democracia estadounidense estranguló de la misma manera, silenciosamente, a la pequeña República de Haití. Tras su desembarco al frente de una fuerza expedicionaria en Puerto Príncipe, el almirante William B. Caperton impuso al gobierno una convención cuyas cláusulas, en apariencia legales y aceptadas voluntariamente, ponían la administración civil y militar, las finanzas, las aduanas y el banco estatal (reemplazado por el National City Bank) en manos de los estadounidenses. Para vencer la resistencia, Caperton proclamó la ley marcial en todo el territorio. La misma ley marcial impuesta en República Dominicana, donde la Convención del 8 de febrero de 1907 permite a los invasores administrar las aduanas y distribuir sus ingresos entre los acreedores extranjeros.
En 1934, el demócrata Franklin D. Roosevelt reemplazará esta política del “palo grande” por la del “good neighbourhood” (buena vecindad). La Conferencia para el mantenimiento de la paz (Buenos Aires, 1936) y la octava Conferencia de los Estados Americanos (Lima, 1938) reafirman la soberanía absoluta de cada país. Pero, durante la etapa de los protectorados, Estados Unidos logró organizar regímenes autoritarios estables, con el apoyo de las fuerzas armadas locales, consagrados a sus intereses. La buena vecindad se traducirá pues en el apoyo a los dictadores Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Jorge Ubico en Guatemala, Tiburcio Carias en Honduras, Fulgencio Batista en Cuba, y a la dinastía de los Somoza en Nicaragua.
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NOTAS:
(1) Louis Guilaine, L’Amérique latine et l’impérialisme américain, Armand Colin, París, 1928.
(2) La isla es sometida a un vago régimen autónomo bajo la autoridad de un gobernador estadounidense. En 1917, tras varios años de protestas de los dirigentes portorriqueños ante el Congreso, se otorga la ciudadanía a todos los portorriqueños que la deseen. En 1952, la isla accede al estatuto de Estado Libre Asociado (ELA), aún vigente.
(3) Washington recibió de hecho las bases de Guantánamo y de Bahía Honda, pero esta última fue devuelta en 1912, a cambio de una extensión de la de Guantánamo.
(4) Louis Guilaine, op. cit.
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